Cuando falta poco más de un mes para que abandone la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha lanzado lo que podría catalogarse como la última medida de presión de su Administración contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: la apertura de una investigación a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) por “los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”. Lo más relevante es la amplitud que plantea esta pesquisa, ya que abre la puerta a una eventual suspensión de Managua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), uno de los generadores económicos claves del país centroamericano.