Más de medio millón de migrantes que viven legalmente en Estados Unidos han pasado a estar en la cuerda floja después de que el Tribunal Supremo diera este viernes la razón a la Administración Trump para eliminar el programa parole humanitario. El programa concedía a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), que huían de situaciones críticas en sus países, un permiso de residencia por razones humanitarias de hasta dos años. Gracias a él, cientos de miles de personas han ingresado legalmente, ocupado puestos de trabajo, matriculado a sus hijos en la escuela y contribuido a la comunidad. Se emplean en fábricas, construcción, ocio y hotelería, atención médica, informática y otros campos. El cierre del programa los coloca en la lista de “deportables” y con su expulsión Estados Unidos perdería los 5.500 millones de dólares de actividad económica que generan cada año.