La Casa Blanca está considerando suspender el habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones arbitrarias, para intensificar sus políticas antimigrantes en Estados Unidos.
En declaraciones a reporteros el viernes 9 de mayo, Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente estadounidense Donald Trump, argumentó que la Constitución permite la suspensión del habeas corpus “en tiempos de invasión”.
“Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si las cortes hacen lo correcto o no”, agregó.
El gobierno de Trump ha usado la excusa de una “invasión” de migrantes para justificar legalmente acciones como la militarización de la frontera con México o la expulsión de extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolanos, hacia la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
Oposición a las políticas de Trump
Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han presentado demandas en oposición a las políticas del Ejecutivo y, en múltiples instancias, los tribunales han fallado a su favor, obstaculizando los planes de Trump.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han usado precisamente el habeas corpus como defensa para frenar las expulsiones de más migrantes al Cecot y de varios universitarios señalados por su activismo pro-palestina.
Este principio jurídico solo ha sido suspendido en cuatro instancias en la historia de EE.UU: durante la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción, en Filipinas cuando estaba bajo control estadounidense y en Hawái tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
La administración republicana ha decidido forzar los límites del judicial, ignorando las órdenes de dos jueces federales y lanzando una campaña en su contra.
El caso de las expulsiones al Cecot ha sido uno de los más polémicos: el gobierno se ha negado a cumplir con la solicitud del Supremo y de un tribunal en menor instancia de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante que fue enviado al país centroamericano pese a tener un estatus legal.
Miller, el principal arquitecto de las políticas antimigrante del gobierno, ha tildado a varios jueces federales de “activistas” y los ha acusado de orquestar un “golpe de Estado judicial”.
Familiares de venezolanos enviados al Cecot demandaron ante la CIDH
Ante el envío de venezolanos a El Salvador y la falta de comunicación de sus familiares con ellos, un grupo de más de 12 familias de estos migrantes encarcelados en el Cecot tras ser expulsados de EE UU exigieron el viernes 9 de mayo la libertad de sus familiares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo su libertad.
El documento solicita a la CIDH que emita una medida de emergencia en contra del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele por la “detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular” al país centroamericano.
A mediados de marzo, EE UU decidió trasladar a más de 230 migrantes –en su mayoría venezolanos– a la megaprisión salvadoreña conocida como Cecot, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
Aunque el gobierno de Trump acusó a los migrantes enviados a El Salvador de formar parte del Tren de Aragua, una investigación de Bloomberg determinó que el 90 % no tenían antecedentes penales.
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