Una vez más, el Gobierno de Donald Trump ha echado mano de la seguridad nacional para impulsar una medida migratoria que, según los críticos, atenta contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. La propuesta permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) acceder a las cuentas de las redes sociales de los solicitantes de asilo, residencia permanente y naturalización. La información obtenida se utilizaría para decidir su permanencia en Estados Unidos.