Recientemente el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la imposición de prácticas religiosas en cárceles del país, particularmente en el caso de presos políticos. Según los reportes de la ONG, los reclusos son “forzados” a participar en cultos evangélicos y quienes aceptan reciben un mejor trato. En ese sentido, la fe -que en un Estado laico debería ser una elección personal- se convierte en una condición impuesta para acceder a derechos básicos dentro de la prisión.
Este tipo de estrategias de dominación parecen más de mundos distópicos por la naturaleza totalitaria, como en la serie Black Mirror, donde el avance de la tecnología sirve de acicate para implementar tácticas que dobleguen la voluntad de las personas y que acepten una nueva realidad. De manera similar, cuando un Estado usa la religión como dispositivo de control en las cárceles, no busca la redención espiritual de los reclusos, sino la anulación del pensamiento crítico, imponiendo una narrativa que les haga aceptar su sometimiento como algo natural.
La libertad de culto en Venezuela
La Constitución, en su artículo 59, establece de manera clara la libertad de religión y de culto:
«El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones».
La garantía de este derecho no es algo casual ni automático dentro de un Estado que se considere democrático, sino el resultado de siglos de lucha contra el autoritarismo y el oscurantismo. Durante la mayor parte de la historia, la religión ha sido utilizada como un mecanismo de control, donde el poder político y el religioso estaban entrelazados para imponer una visión única del mundo. La ruptura de este modelo tuvo antecedentes importantes con filósofos como John Locke, un precursor del pensamiento ilustrado, quien en su Carta sobre la tolerancia (1689) advertía que “nadie, ni las personas individuales, ni las Iglesias, ni siquiera los Estados, tienen justos títulos para invadir los derechos civiles ni las propiedades mundanas de los demás, bajo el pretexto de la religión”.
Posteriormente, la Revolución Francesa profundizó este principio con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que proclamaba que “Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, siempre y cuando su manifestación no perturbe el orden público establecido por la Ley”. Más adelante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reafirmó esta idea en su artículo 18, al especificar que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».
En el contexto actual, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela forma parte, protege el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y prohíbe la coacción que pueda menoscabar esta libertad, según menciona el OVP. Estos avances dejan claro que la religión debe ser una elección individual y no una imposición del poder.
El peligro de la evangelización forzada
El peligro de la evangelización forzada en Venezuela es caer en un fundamentalismo religioso que suprima otras formas de pensar, donde no se busca precisamente la conversión espiritual voluntaria de los reclusos, sino su rendición mental. Se trata de una estrategia de control, donde la fe es utilizada como un mecanismo de sumisión.
Volviendo a lo distópico por lo cercano que está a la realidad actual, Black Mirror ha explorado cómo las herramientas de manipulación pueden ser utilizadas para destruir la autonomía individual. Episodios como Fifteen Million Merits (15 millones de méritos, en español) muestran sistemas donde las personas son obligadas a aceptar reglas impuestas para tener acceso a una mejor calidad de vida. En dicho capítulo, los personajes viven en un sistema donde deben pedalear frente a una pantalla para acumular méritos que le permitan aspirar a una oportunidad de escape. Irónicamente, de fondo siempre está sonando una adaptación de I Have a Dream de ABBA, que habla de esperanza, pero el sistema está diseñado para que la única vía de ascenso real sea someterse a las normas impuestas.
Desde otra perspectiva pero dentro de lo distópico, el filósofo Aldous Huxley en Un mundo feliz (1932) plantea un escenario donde el control no se ejerce a través de la represión, sino de la manipulación psicológica y la inducción al conformismo. En este modelo, las personas son condicionadas desde su nacimiento para aceptar su situación sin cuestionamientos, a través de una programación mental que elimina la necesidad de coerciones directas.
Lo mismo ocurre cuando se usa la religión como arma de control en las cárceles: no es un acto de fe, sino una estrategia de quebrantamiento. Un gobierno que recurre a la imposición religiosa no está evangelizando, está adoctrinando, reconfigurando la identidad del prisionero y destruyendo su capacidad de resistencia.
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