El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el sábado 8 de febrero que las recientes políticas migratorias implementadas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ponen en riesgo la integridad de miles de migrantes venezolanos y de Latinoamérica.
La organización no gubernamental (ONG) emitió estas declaraciones luego de una serie de medidas migratorias como el recorte en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), el cese del parole humanitario y del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos.
“Quienes han escapado de la grave crisis de derechos humanos en Venezuela deben ser acogidos como refugiados y, en ese sentido, deberían ser sujetos de medidas de protección por parte de los Estados receptores conforme a los estándares internacionales de protección a los DD HH”, se lee en el mensaje que publicó Provea en su cuenta de X.
La organización insistió a los países de la región en que las personas que huyen de Venezuela deben estar sujetas a protección, en especial la migración que transitó por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con el fin de llegar a EE UU.
A juicio de Provea, el paso de los migrantes por el tapón del Darién debería ser una prueba irrefutable del “terror que sufrieron” y de la voluntad que tienen para enfrentar nuevos desafíos en búsqueda de mejores condiciones de vida.
“El paso de miles de personas por la selva del Darién debe ser prueba suficiente del temor que sufrieron, de los nuevos miedos que enfrentan y de la voluntad que tienen para enfrentar nuevos desafíos en busca de mejores condiciones de vida que le han sido negadas en su propio país.
Deportaciones de EE UU hacia Venezuela
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos también hizo referencia al reciente anuncio que emitió Tom Homan, zar de la frontera de EE UU, quien aseguró el 7 de febrero que en los próximos 30 días comenzarán las deportaciones desde ese país hacia Venezuela.
Sobre esto, la ONG afirmó que esta medida está apartada de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, además de representar un acto de “discriminación” y “estigmatización” contra personas a las que se les podría agravar su condición de vulnerabilidad.
“La deportación y devolución de personas que huyeron de condiciones de pobreza extrema o de la persecución política, es un acto de revictimización”, expuso Provea.
Es por ello que la ONG insistió en que los venezolanos que huyen de Venezuela deben ser acogidos como refugiados y, en este sentido, contar con protección de los Estados receptores conforme a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
La organización instó a los líderes de Latinoamérica a abordar la crisis migratoria venezolana como un reto para la democracia y la estabilidad política y económica de la región.
Desigualdad social en Venezuela
Provea recordó que desde 2016 al menos 7 millones de venezolanos migraron del país como consecuencia de la crisis humanitaria y del aumento de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Una de las causas que destacó la ONG sobre la migración venezolana, es el deterioro de la calidad de vida. Esto se debe a la falta de acceso a los servicios públicos como el agua, la electricidad, el gas doméstico y el aseo público.
Sumado a esto, señalaron que el salario mínimo de los venezolanos se encuentra estancado desde marzo de 2022 en 130 bolívares al mes, equivalente a 2,14 dólares, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) que se ubicó en 60,52 el sábado 8 de febrero de 2025.
“La movilidad social ha sido prácticamente extinguida debido al exponencial crecimiento de la desigualdad social que, basados en cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que sitúan a Venezuela entre los países con los mayores índices de desigualdad en América.
En tal sentido, Provea recomendó que el abordaje de las políticas migratorias debería estar enfocado en prácticas consecuentes con el respeto a los derechos humanos y en conjunto con los principios de la Carta Interamericana y los tratados acordados y suscritos por los gobiernos de la región.
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