Las autoridades de Colombia reportaron el 20 de febrero al menos cinco personas heridas en un ataque registrado en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde desconocidos destruyeron con explosivos el peaje ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela).
Los heridos son tres trabajadores del Instituto Nacional de Vías colombiano (Invías) y dos vigilantes del peaje situado en Villa del Rosario, en la capital del departamento de Norte de Santander.
“El peaje quedó completamente destruido y tirotearon puestos policiales”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero.
El funcionario ofreció una recompensa de 100 millones de pesos, equivalentes a 24.500 mil dólares, para dar con los responsables de estos hechos violentos.
Casi en forma simultánea, también fue atacado con disparos un puesto policial ubicado en el Templo Histórico frente a la Casa Natal del General Francisco de Paula Santander, en Villa del Rosario, y la estación de Policía de La Parada, actualmente en construcción.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la autoría de estos ataques, aunque se sospecha que pueden haber sido perpetrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en la región y que en los últimos días puso cilindros bomba en algunas carreteras de Norte de Santander.
Reclamo de gobernadores colombianos
Esta ola de violencia se produce un día después de que varios gobernadores colombianos reclamaran al presidente Gustavo Petro por el agravamiento del conflicto armado en varias partes del país.
“Hay una percepción en el país muy complicada referente a la seguridad”, expresó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, donde está ubicada la región del Catatumbo, azotada desde hace un mes por la arremetida del ELN contra una disidencia de las FARC.
Villamizar, que habló como vocero de sus colegas de los 32 departamentos colombianos, hizo un llamado a fortalecer la inteligencia y el trabajo de las fuerzas militares con un aumento de la seguridad en varias regiones.
La misma preocupación expresó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ya que en su departamento el ELN libra combates con el Clan del Golfo, la principal banda criminal colombiana, que hasta la semana pasada había dejado unos 3.600 desplazados y más de 12 mil personas confinadas.
“He alzado la voz en los últimos días en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades del departamento del Chocó porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de Derecho Internacional Humanitario”, expresó Córdoba.
Conflicto y ataques en el Catatumbo
La escalada del conflicto entre grupos armados en el Catatumbo afecta a unas 80 mil personas que necesitan ayuda humanitaria urgente, indicó el 14 de febrero la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC), con sede en Ginebra.
El NRC, con programas de asistencia a desplazados en esa y otras zonas de Colombia, indicó que entre esos afectados se incluyen 8.000 personas confinadas en sus casas por los combates, 19 mil con restricciones de movimiento y 52 mil que han tenido que dejar sus hogares.
“En solo 30 días el número de desplazados en la región ya supera el total registrado en todo el país (51 mil) en los 12 meses de 2024”, indicó en un comunicado la responsable de comunicaciones de NRC, Jessica Wanless.
Los grupos armados en la zona han restringido el acceso a asistencia humanitaria, dejando en gran vulnerabilidad a muchas familias dependientes de esa ayuda, agregó la organización dirigida por el excoordinador humanitario de Naciones Unidas Jan Egeland.
Catatumbo vive desde el 16 de enero intensos enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, un conflicto que ha causado al menos 63 muertos según datos oficiales.
La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) informó el 18 de febrero que por esta violencia en la frontera con Venezuela, al menos 4.600 refugiados y migrantes venezolanos han sido desplazados.
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