Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano, cumplió el domingo 9 de febrero un año detenida por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. La defensora de los derechos humanos permanece privada de su libertad en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el municipio Libertador de Caracas.
Durante el año de su detención, decenas de ONG han exigido al gobierno de Nicolás Maduro su inmediata liberación, así como el cumplimiento del debido proceso, en el que se incluyen las evaluaciones de salud.
ONG exigen libertad para Rocío San Miguel
Entre las organizaciones que se pronunciaron por el aniversario de la detención de San Miguel se encuentra el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que calificó de “arbitraria” la medida en contra de la defensora de derechos humanos.
A juicio de esa ONG, la presidenta de Control Ciudadano fue detenida por razones políticas y ha sido sometida a un proceso viciado, con constantes irregularidades y presuntas violaciones a sus derechos.
“(Rocío San Miguel) ha sido víctima de un sistema que criminaliza la defensa de los derechos humanos, buscando acallar su voz y la de quienes luchan por una Venezuela más justa y democrática”, se lee en la publicación del OVP en su cuenta de X.
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) aseveró el 9 de febrero que San Miguel fue víctima de una desaparición forzada durante los primeros tres días de su captura, debido a que no se tuvo conocimiento de su paradero hasta el 12 de febrero, cuando fue presentada por el Tribunal 2º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza.
Asimismo, Caleidoscopio Humano recordó en sus redes sociales que aún la Justicia venezolana no ha dado inicio formal del juicio contra la defensora de derechos humanos, debido a que el 18 de diciembre de 2024 su audiencia fue pospuesta para mediados de febrero de 2025.
Piden asistencia médica para San Miguel
Otra de las peticiones que hacen las organizaciones no gubernamentales es que se le permita el acceso médico a Rocío San Miguel de manera frecuente. Esto se debe a que el 11 de diciembre de 2024, décimo mes de su detención, circularon imágenes donde se observa San Miguel recibir por primera vez atención médica.
Sobre estas fotografías, su abogado Juan González en X que se debió a que San Miguel fue diagnosticada con una fractura en su hombro derecho a causa de una caída (provocada por una laberintitis) que sufrió dentro del centro de detención, la cual aún no ha sido operada.
“Rocío no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron cuatro meses en diagnosticarla; en reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna”, expuso Provea el 9 de febrero de 2025 en X.
Sumado a esto, Provea pidió que San Miguel sea sometida a la operación correspondiente fuera de El Helicoide, debido a que el recinto tiene “antecedentes de tortura” y no cuenta con las garantías para su seguridad física.
Detención de Rocío San Miguel
El caso de la defensora de derechos humanos comenzó el 9 de febrero de 2024, cuando San Miguel se disponía a viajar con su hija, pero fue detenida momentos previos a tomar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Dos días después, Tarek William Saab, fiscal general de la República, confirmó la detención de la activista por estar presuntamente vinculada con una trama de conspiración y formar parte del supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro llamado Brazalete Blanco. Sin embargo, en sus declaraciones no ofreció detalles de dónde se encontraba ni si había sido evaluada o no por el servicio médico.
En paralelo, el abogado de Rocío San Miguel denunció que parte del grupo familiar de la activista también fueron detenidos, incluyendo su hija Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Victor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (exesposo de la activista), a quienes liberaron posteriormente.
Durante las primeras semanas de la detención, la Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de DD HH de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, se pronunció al respecto y exigió al gobierno de Maduro garantizar la integridad de San Miguel.
En datos recientes del caso, la organización internacional hizo público un reporte en septiembre de 2024 en el que señaló las irregularidades en las acusaciones que impuso la Justicia venezolana sobre San Miguel.
Tras la publicación de este documento, decenas de ONG han exigido la libertad plena de Rocío San Miguel. Además, al contar con nacionalidad española han pedido al Reino de España que intervenga para garantizar su integridad física.
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