A casi un mes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha emitido una serie de medidas enfocadas en anular o pausar programas que dan apoyo a minorías en ese país como migrantes en situación irregular, miembros de la comunidad LGBTIQ+ y personas afroamericanas.
Entre estos anuncios destaca el recorte mundial de personal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la solicitud de renuncia a empleados federales y el envío de migrantes a la cárcel de Guantánamo, en Cuba.
Sin embargo, jueces de varios estados de EE UU han intentado bloquear algunas de estas órdenes ejecutivas, debido a que consideran que estas medidas podrían vulnerar los derechos humanos o artículos incluidos en la Constitución estadounidense.
Medidas de Trump bloqueadas por la Justicia de EE UU
Renuncia de miles de empleados públicos
El 10 de febrero, George O’Toole, juez federal de Boston, pausó una medida ejecutiva de Donald Trump que planteó la renuncia de miles de empleados federales a cambio de indemnizaciones masivas.
De acuerdo con la cadena de noticias NBC News, la oferta cesó temporalmente horas antes de que los trabajadores tomaran o denegaran la propuesta.
“La presión que se deriva de ese plazo en el que la gente tiene que tomar una decisión sobre su medio de vida. El daño irreparable continuará. Se preguntarán qué han aceptado realmente”, se lee en la entrevista que hizo NBC News a la abogada de los demandantes, Elena Goldstein.
El programa de Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) permitirá a los trabajadores renunciar a sus puestos ahora, a cambio de cobrar su salario hasta septiembre de 2025.
Hasta la semana del 3 de febrero, la Administración de Donald Trump confirmó que aproximadamente 60 mil personas aceptaron el acuerdo.

Recorte del personal de la Usaid
Otra de las medidas de Trump está enfocada al cese de las actividades de la Usaid, incluyendo la suspensión de fondos a países de Latinoamérica y el recorte de su personal en todo el mundo.
La orden ejecutiva del mandatario estadounidense comenzó como una medida temporal de 90 días con el propósito de reducir el gasto público, la burocracia y reevaluar la eficacia de los programas y prevenir el posible uso indebido de los fondos.
Sin embargo, el 8 de febrero el juez de distrito Carl Nichols ordenó el bloqueo de los planes de Trump para Usaid y exigió a la agencia que reincorpore temporalmente a otros 500 trabajadores que habían sido suspendidos.
Nichols insistió en que la Administración de Trump no tiene la capacidad legal de poner a ningún empleado de Usaid en licencia administrativa.
De acuerdo con The New York Times, el presidente de EE UU planea reducir la plantilla de 10 mil empleados a 290 para “trabajos esenciales”. El medio resaltó que la Usaid contribuyó con más de 44 millardos de dólares a ayudas en todo el mundo.
Acceso de Elon Musk al Departamento del Tesoro
Otra medida pausada recientemente el acceso de Elon Musk y su equipo al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, luego de que un juez federal lo considerara como un “riesgo” con posibles daños irreparables.
El funcionario de distrito Paul Engelmayer ordenó el 8 de febrero bloquear temporalmente el acceso de Musk al sistema de pagos que distribuye las declaraciones de impuestos de los estadounidenses, a las prestaciones de la Seguridad Social, y los pagos por discapacidad y los salarios de los empleados federales.
Tras esto, Engelmayer solicitó la destrucción de información descargada del sistema de pagos por cualquier persona a la que se haya dado acceso desde el 20 de enero.
“Es un riesgo que la nueva política presente de divulgación de información sensible y confidencial y el mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería informática”, se lee en la reseña publicada por The Washington Times.
Ante eso, la Administración de Trump pidió llevar a cabo una audiencia que se resolverá el 14 de febrero, debido a que calificaron la medida de Engelmayer como una decisión de “extralimitación judicial”.
“La ostentación de la eficiencia gubernamental dice mucho sobre aquellos que prefieren retrasar un cambio muy necesario con artimañas legales que trabajar con la Administración Trump para librar al gobierno del despilfarro, el fraude y el abuso”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, a CNN.

Restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento
Una de las medidas anunciadas en enero por Donald Trump fue restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el territorio estadounidense. Ante esto, el juez federal de Seattle, John Coughenour, suspendió el 23 de enero la orden de manera temporal.
“La medida de Donald Trump es una orden flagrantemente inconstitucional”, aseguró el juez en una entrevista para The Seattle Times.
A juicio de Coughenour, la medida ejecutiva del presidente de EE UU también impone trabas al derecho de suelo que está contemplado en la Constitución de ese país.
Sumado a Seattle, otros 22 estados presentaron dos demandas ante la Justicia para bloquear la acción. Además, varios funcionarios respaldaron el bloqueo de Coughenour a la medida de Trump.
“La ciudadanía por derecho de nacimiento deja claro que la ciudadanía no puede estar condicionada por la raza, la etnia o el lugar de procedencia de sus padres”, expresó en un comunicado el fiscal general de Washington, Nick Brown.
El envío de tres migrantes a Guantánamo
El 29 de enero, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior y al Departamento de Defensa que acondicionaran la base de Guantánamo, en Cuba, para recibir a un grupo de migrantes con antecedentes criminales que se encontraban de manera irregular en EE UU.
Pese a esto, un juez federal bloqueó el 10 de febrero el envío de tres migrantes de origen venezolano que se encontraban detenidos por el Centro de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nuevo México (EE UU).
De acuerdo con medios estadounidenses, el cese temporal de la orden se debe a que el juez admitió una petición de emergencia que presentó el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) en nombre de los tres venezolanos detenidos en el centro del ICE, quienes habrían alegado que sus casos cuentan con solicitudes pendientes de asilo en EE UU.
El primer grupo de venezolanos que fue enviado a Guantánamo la semana del 5 de febrero presuntamente está integrado por miembros del grupo delictivo Tren de Aragua.
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