El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el 20 de enero, día de su toma de posesión, invocar una ley promulgada en 1798 que permite deportar de forma masiva a inmigrantes indocumentados.
“Empezaremos el proceso de devolver a los millones de extranjeros criminales de vuelta a donde vinieron”, dijo el republicano frente a los legisladores, políticos y empresarios que estuvieron presentes durante su investidura en el Capitolio.
En su discurso, Trump prometió usar esta ley con el fin de que su gobierno utilice todas las fuerzas federales y estatales con el objetivo de eliminar la presencia de grupos y redes extranjeras criminales en su país.
Dicha legislación, denominada Ley de Enemigos Extranjeros, permite al gobierno detener, reubicar o deportar a inmigrantes sin proceso legal y fue usada por última vez durante la Administración de Franklin D. Roosevelt (1933-1945).
Al eliminar el proceso legal, los inmigrantes no podrían apelar su caso de deportación con lo que se reducirían los tiempos y permitiría expulsar de EE UU a los ciudadanos afectados de manera más rápida y a gran escala.

¿Cuántas veces se ha usado la ley de 1798 en EE UU?
La Ley de Enemigos Extranjeros se aprobó durante un conflicto bélico entre EE UU y Francia como parte de cuatro Leyes de Extranjería y Sedición aprobadas por el Congreso de 1798, bajo el respaldo del entonces presidente John Adams.
De acuerdo con los Archivos Nacionales de EE UU, tras la elección de Thomas Jefferson en 1800, muchas de las disposiciones establecidas por Adams fueron derogadas o dejaron de tener efecto.
No obstante, la Ley de Enemigos Extranjeros se ha mantenido vigente para poder invocarla en casos de ser necesario e incluso en 1918 la enmendaron para incluir a las mujeres.
A lo largo de su historia, la legislación ha sido aplicada en tres ocasiones, todas ellas durante periodos críticos en los que EE UU se vio involucrado en conflictos bélicos. La primera ocurrió durante la Guerra de 1812, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Gran Bretaña, momento en el que se utilizó para controlar y recopilar información sobre todos los británicos residentes en ese país.
La segunda invocación tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, específicamente en 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson utilizó la ley contra ciudadanos de países considerados enemigos como Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria.
Los Archivos Nacionales documentan que más de 6.000 extranjeros, la mayoría de ellos alemanes, fueron detenidos en campamentos donde algunos permanecieron hasta dos años después del Armisticio.

La tercera y última aplicación se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor en 1941.
En ese momento, el presidente Franklin D. Roosevelt invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en 1942 contra ciudadanos japoneses, alemanes e italianos. Esta medida resultó en la detención de más de 31 mil presuntos enemigos extranjeros y sus familias en campos e instalaciones militares.
Deportaciones actuales en EE UU
De acuerdo con cifras publicadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), desde que Trump asumió la presidencia se han arrestado entre 200 y 1.100 inmigrantes diarios.
Hasta el 8 de febrero, se contabilizaron 7.314 arrestos y 5.344 órdenes de detención presentadas contra ciudadanos extranjeros en EE UU.
Los motivos por lo que un inmigrante es detenido son los siguientes: entrar de forma ilegal al país, violación a las leyes migratorias, haber cometido un delito o representar un riesgo para la seguridad pública.
ICE es una agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y comenzó a operar en el año 2003 luego de varios esfuerzos del gobierno de George W. Bush para reforzar la seguridad nacional, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Una de las estrategias de esta agencia federal es publicar periódicamente mediante sus redes sociales el detalle de las cifras diarias de arrestos que realiza, junto a la descripción e imágenes de algunos detenidos.
Los procedimientos de ICE, durante las pocas semanas del gobierno de Trump, han estado dirigidos principalmente contra extranjeros delincuentes, sin embargo, si el individuo se encuentra con un migrante indocumentado, este también podría ser arrestado.
Recientemente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que todos los migrantes sin documentos en el país son considerados como delincuentes, aunque recalcó que la prioridad de ICE son los que han cometido actos delictivos.
“Por supuesto, los traficantes de drogas criminales, los violadores, los asesinos, los individuos que han cometido actos atroces en el interior de nuestro país y que han aterrorizado a ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, sin duda, esos deberían ser la prioridad del ICE, pero eso no significa que los demás criminales ilegales que ingresaron a las fronteras de nuestra nación no estén sobre la mesa”, dijo Leavitt.
Críticas a las medidas antiinmigratorias de Trump
Estas operaciones han sido criticadas por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas defensores de migrantes y de derechos humanos, quienes denuncian las condiciones de los centros de reclusión donde son enviados los extranjeros, además de las prácticas de redadas que ejercen las autoridades en las comunidades de migrantes.

Las autoridades de Guatemala adelantaron que dialogarán con sus homólogos en Estados Unidos para solicitar que no trasladen esposados a los migrantes deportados vía aérea.
El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, indicó en declaraciones recogidas por la agencia EFE el miércoles 29 de enero que los migrantes han comunicado que vienen con esposas y que antes de bajar del avión, las autoridades estadounidenses les quitan los grilletes.
En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también insistió en que estos procesos se realicen con respeto a los derechos humanos.
Además de Guatemala y México, otro de los pronunciamientos recientes sobre esta situación vino por parte de Brasil. El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, calificó como “una operación trágica” las deportaciones.
Christopher Harris, quien dirigió el sindicato de la Patrulla Fronteriza en la frontera de California por más de una década, dijo a la agencia de noticias EFE que los agentes de inmigración están llamando daño colateral a los inmigrantes que están siendo arrestados prácticamente por encontrarse en el lugar y la hora equivocada.

Esto significa que cuando agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza lleven a cabo una redada, un operativo o una detención buscando a una persona sospechosa de un crimen, podrán detener a los indocumentados que se encuentren.
“Pueden llamar estos arrestos como daño colateral, yo lo considero una infamia, están separando familias, deportando personas que no han cometido ningún delito, buscar una vida mejor y escapar de la violencia es un derecho humano, mundial y Trump se los está negando, expresó la activista Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
La abogada aseguró que las órdenes de deportaciones masivas de Trump están violando la Constitución, en particular la Enmienda 4, la cual protege de registros e incautaciones injustificadas.
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