El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en Estados Unidos se mantienen en disputa luego de 10 días de la deportación de 238 migrantes venezolanos desde territorio estadounidense hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad ubicada en El Salvador.
La razón que dio el gobierno de Donald Trump para este traslado es que los deportados están presuntamente vinculados con la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, el juez James Boasberg argumentó que los casos no fueron procesados de forma individual y que la Administración de Trump aún no ha presentado “pruebas razonables” que sostengan esa afirmación.
Como consecuencia de la petición de Boasberg y sumado al bloqueo temporal de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del mismo magistrado, Trump invocó el lunes 24 de marzo el privilegio de secretos de Estado.
El documento fue firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU; la fiscal general, Pam Bondi; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Revelar más información sobre los vuelos de deportación amenaza con perjudicar significativamente los intereses de Estados Unidos en materia de asuntos exteriores y seguridad nacional”, argumentó Rubio.
Qué es el privilegio de secretos de Estado
Se trata de un recurso legal que puede ser invocado por el presidente de Estados Unidos en caso de que exista un riesgo real y razonable ante la divulgación de pruebas o información en las que se pueda ver afectada la seguridad nacional de ese país, de acuerdo con la organización no gubernamental (ONG) Fundación Frontera Electrónica (EFF, por su siglas en inglés), dedicada a la defensa de las libertades civiles de forma online.
EFF explica en su página web que el privilegio de secretos de Estado no puede eximir los hechos de la revisión por parte del Poder Judicial, en este caso, del magistrado Boasberg.
Pese a esto, la fiscal general de EE UU, Pam Bondi, y otros funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense han reiterado que la información solicitada por el juez no es necesaria para resolver el caso de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador. Sin embargo, las pruebas pedidas por el magistrado Boasberg podrían determinar si la persona deportada tiene o no vinculaciones con el Tren de Aragua o si posee o no antecedentes legales.
“El Poder Ejecutivo no violó ninguna orden válida con sus acciones, y la corte tiene todo lo necesario para evaluar su cumplimiento. Por consiguiente, la investigación de hechos de la corte debe concluir”, respondió Bondi a la solicitud hecha por Boasberg.
Información solicitada por el juez Boasberg
Entre la información que ha solicitado el juez Boasberg al Departamento de Justicia se destaca que se explique con exactitud el momento en que los dos aviones con migrantes venezolanos despegaron y abandonaron el espacio aéreo de EE UU.
Además, el magistrado pidió saber cuándo fueron transferidos los deportados de la custodia estadounidense ese día, así como la información procesal de cada uno de ellos.
Boasberg expuso que, pese a que el gobierno de Trump invoca el privilegio de secretos de Estado, las autoridades estadounidenses “están obligadas” a determinar si las circunstancias del caso son apropiadas para la reclamación de dicho recurso.
Sumado a eso, el magistrado ha exigido durante los últimos 10 días que a todos los migrantes deportados se les garantice el debido proceso y se respeten las fechas de sus permisos temporales en territorio estadounidense en caso de no tener antecedentes penales.
Posición de Boasberg ante el traslado de venezolanos al Cecot
El 15 de marzo de 2025, el gobierno de EE UU trasladó a 238 venezolanos al Cecot por supuestamente formar parte del Tren de Aragua. La información fue confirmada a través de la publicación de un video en las redes sociales de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
El mismo día, el juez Boasberg suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El lunes 24 de marzo, el magistrado mantuvo la decisión del bloqueo tras alegar que, antes de ser deportados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su supuesta pertenencia al Tren de Aragua.
Boasberg también reiteró la aparente falta de transparencia del gobierno de Trump porque, a juicio del magistrado, el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la visita judicial de emergencia.
“La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 (Ley de Enemigos Extranjeros) sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita”, escribió el magistrado.
Republicanos buscan destituir al juez Boasberg
Otra de las consecuencias del bloqueo temporal de la Ley de Enemigos Extranjeros es la intención de un grupo de congresistas republicanos y del propio Donald Trump de destituir de su cargo al juez Boasberg
“Si un presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de su país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de mandatario, entonces EE UU está en un gran problema y destinado al fracaso”, expresó Trump el miércoles 19 de marzo en su red social, Truth Social.
Por su parte, el congresista republicano Brandon Gill presentó el 18 de marzo ante la Cámara de Representantes un proceso legislativo para cesar las acciones de Boasberg.
A esta campaña contra el magistrado también se sumaron el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Steven Miller, y la congresista republicana Lauren Boebert, ambos hicieron un llamado en las últimas horas en redes sociales para pedir que se destituya a Boasberg, al que acusan de “activista” o de ser un juez “no electo” que “está robando el voto y la voz del pueblo estadounidense”.
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