La reciente designación de Wilmer Rodríguez como gobernador del estado Apure ha causado revuelo y preocupación en diversos sectores de la sociedad venezolana, quienes denuncian que este nombramiento fue realizado en violación a la Constitución del estado Apure. Según lo expone Roberto Cassiram, la designación de Rodríguez ignora los procedimientos establecidos en el artículo 108, que detalla los pasos a seguir en caso de ausencia de un gobernador en funciones.
Según Cassiram, Rodríguez tiene un oscuro pasado delictivo, iniciando con sus actividades en la región de Matecal, donde se le asocia con el delito de abigeato (robo de ganado). Posteriormente, se le ha vinculado con la expropiación de propiedades privadas, como Agrofloraca, una empresa de capital británico, y el Hato Chaparralito, importantes centros agropecuarios de la región.
Además de las irregularidades en su designación, se denuncia que Rodríguez estaría utilizando su nuevo poder como gobernador para controlar el tráfico de drogas en el estado, siguiendo presuntamente órdenes de Diosdado Cabello. Apure, por su ubicación fronteriza, se ha convertido en una región estratégica para actividades ilícitas, y bajo la gestión de Rodríguez, se teme que el estado podría facilitar la construcción y uso de pistas de aterrizaje clandestinas para el transporte de estupefacientes.
Roberto Cassiram solicitará una investigación exhaustiva sobre los antecedentes del nuevo gobernador y sus presuntas relaciones con el crimen organizado, así como la revisión legal de su designación, que viola la constitución de Apure.
