Lisboa.– Hay oportunidades que pueden resultar irresistibles para quienes creen que el dinero da la felicidad y que su tren pasa solo una vez en la vida.
Así le ocurrió al portugués João Alexandre Silva cuando creyó que le llegaba su oportunidad, a los 50 años de edad, de los que 15 los llevaba entonces trabajando como asalariado en el Banco Espirito Santo (BES).
Silva era entonces Director General de la Sucursal Financiera Exterior (SFE) del BES, situada en el paraíso fiscal de la isla de Madeira, en el océano Atlántico, donde muchos clientes adinerados de Sudamérica, Sudáfrica y Angola mantenían sus cuentas.
Madeira es además el origen de muchos de los integrantes de la extensa colonia lusa en Venezuela. Precisamente por esa numerosa e influyente comunidad madeirense en Venezuela, Silva pudo cultivar buenos contactos entre la élite caraqueña.
Tal fue el atributo clave para que el presidente del banco, Ricardo Salgado, se fijara en Silva y lo escogiera a principios de 2009 para desempeñarse como asesor de Espirito Santo Bankers Dubai (ESBD), una de las tantas empresas en la medusa corporativa del BES. Desde ese cargo debía servir como válvula para el flujo de las coimas con que Salgado empezó a pagar a los funcionarios del Estado venezolano que accedían a hacer negocios con el BES.
Silva se montó en ese tren e hizo su trabajo. Según el Ministerio Público de Portugal, fue la ayuda de João Alexandre Silva la que permitió a Ricardo Salgado pagar, entre 2009 y 2014 Salgado pagó 214 millones de dólares en sobornos a funcionarios chavistas, a cambio de garantizar la inyección, por parte de los sucesivos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de grandes sumas de dinero en el BES.
Entre los venezolanos presuntamente sobornados en la trama se encuentran Rafael Ramírez, excanciller, exministro de Petróleo y expresidente de la petrolera estatal Pdvsa, y Nervis Villalobos, exviceministro de Energía. En total, la lista de receptores de esos pagos irregulares incluye a 19 funcionarios vinculados al Banco del Tesoro y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), o a empresas públicas como la propia Pdvsa, Bariven y la Electricidad de Caracas.
La investigación penal sobre las relaciones entre el BES y Venezuela concluyó en julio del año pasado. Aunque desembocó en varias imputaciones a ejecutivos del BES -y ninguna a los ciudadanos venezolanos involucrados-, todavía no hay ninguna previsión sobre cuándo podría comenzar el juicio. Entre los acusados está de nuevo Ricardo Salgado, quien ya acumula penas por otras causas derivadas del descalabro del BES.
Y otro imputado es João Alexandre Silva.
Silva está acusado de 20 delitos de corrupción activa, 20 de blanqueo de capitales y uno de asociación para delinquir, todos ellos en coautoría con Salgado y otros tres empleados del Grupo Espírito (GES) en Suiza y Dubái. Además, Silva está imputado por corrupción y blanqueo de capitales desde diciembre de 2021, en una causa paralela por su presunta implicación en el pago de sobornos a un vicepresidente del Banco de Brasil. Y el pasado marzo, el directivo bancario fue exonerado de dos delitos de falsificación de los que había sido acusado en 2020 en el caso principal, sobre los manejos irregulares del BES.
Pero cuando se inicie el nuevo el juicio del caso BES/Venezuela, Silva estará ausente. Se encuentra a salvo en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde vive. Así lo confirmó su abogado, Artur Marques. Por otra parte, según el diario Expresso de Lisboa pudo constatar en la base de datos pública de las autoridades emiratíes responsables del registro civil, su permiso de residencia fue renovado en junio de 2022.
Ese refugio emiratí para ricos y famosos ha sido especialmente receptivo con Silva, como ahora Expresso pudo comprobar gracias a la investigación Dubai Unlocked, en la que participan 70 medios de comunicación de todo el mundo, y liderada por el Proyecto de Reportería sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés) y el diario noruego E24. La investigación se desarrolló a partir de una filtración de información sobre cientos de miles de propiedades en Dubái. La filtración, a su vez, fue obtenida originalmente por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C., que investiga crímenes y conflictos internacionales.
En los archivos de la filtración se puede ver que, entre los 334 ciudadanos portugueses que de 2020 a 2022 poseían propiedades en Dubái, figuraba João Alexandre Silva.
Cobró, huyó y no lo pescaron
Además de su sueldo anual de unos 150.000 euros, Silva recibió casi ocho millones de dólares adicionales por los servicios prestados a Ricardo Salgado en los manejos irregulares del Espirito Santo. Los pagos, que fueron a dar a Suiza y los EAU, incluyeron 2,1 millones de dólares en bonificaciones, tres transferencias bancarias de más de un millón de dólares cada una, y un préstamo inmobiliario de 1,9 millones de dólares concedido por uno de los bancos del Grupo Espírito Santo, ES Bank Panamá.
El préstamo inmobiliario fue concedido en 2013 por un periodo de cinco años pero, al menos hasta 2018, no había sido devuelto. Se usó para comprar un apartamento en Dubái, cuando João Alexandre Silva también obtuvo la condición de residente en los Emiratos.
Pero la propiedad de Silva que aparece en la filtración de Dubai Unlocked no es la misma que compró con ese “crédito” concedido por ES Bank Panamá (ESBP); en realidad, una prebenda otorgada por Ricardo Salgado a Silva.
En la filtración de Dubai Unlocked, Silva aparece identificado como propietario de un apartamento de 100 metros cuadrados en un edificio, DAMAC Heights, junto al puerto deportivo de Dubái y frente a Palm Jumeirah, una de las emblemáticas islas artificiales de la ciudad construidas en forma de palmera.
Silva, que prefirió no responder a las preguntas de Expresso, ya no es el propietario del apartamento, según una búsqueda en el registro de la propiedad de Dubái. De hecho, su nombre dejó de aparecer en el registro inmobiliario de la ciudad, en la que, sin embargo, aún vive.
Tanto en la causa penal BES/Venezuela como en los datos catastrales de la propiedad en DAMAC Heights que aparecen en la filtración de Dubai Unlocked, Silva daba como residencia oficial otra dirección, justo al lado de ese edificio: un apartamento de más de 270 metros cuadrados en la Infinity Tower, también conocida como Cayan Tower, un rascacielos de 75 plantas con un diseño original, como si el edificio hubiera sido retorcido por manos gigantes. No se ha podido averiguar a quién pertenece.
El único inmueble que los fiscales portugueses identificaron en su investigación como propiedad de João Alexandre Silva, fue el apartamento comprado en agosto de 2013 con el supuesto crédito del ESBP en Panamá, concedido a una sociedad constituida en la zona franca de Jebel Ali, uno de los centros offshore de Dubái.
La empresa tiene sus iniciales: JAS Property Limited. Expresso confirmó en la web del Registro de la Propiedad de Dubái que esta sociedad sigue controlando propiedades inmobiliarias, aunque resultó imposible saber si solo posee el inmueble señalado por la Fiscalía o posee otros.
El apartamento comprado por Silva a través de JAS Property Limited está en un complejo residencial, Tiara Residences, en la propia isla artificial de Palm Jumeirah. Aunque el préstamo concedido -y nunca devuelto- fue por un monto superior, el inmueble se compró por 6,3 millones de dirhams, el equivalente en moneda local a 1,25 millones de euros de la época (algo menos de 2,1 millones de dólares).
Además de este inmueble, el equipo del Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP), encargado en Portugal de la investigación del BES, pudo determinar la existencia en Dubái de varias cuentas bancarias de las que Silva se benefició, al menos hasta la quiebra del banco en el verano de 2014.
En apenas nueve meses, entre agosto de 2013 y mayo de 2014, se transfirieron 3,65 millones de dólares desde una sociedad offshore controlada por el Grupo Espirito Santo (GES), Shu-Tian, a las cuentas de Silva en Emirates NBD, uno de los principales bancos de Dubái. Estas cuentas estaban controladas por él a través de otra sociedad offshore, Cronus Enterprises.
Otras cantidades, descritas como primas, se pagaron desde el banco suizo de GES, Banque Privée Espirito Santo (BPES). En un análisis de los expedientes del caso penal BES/Venezuela, el reportero de Expresso encontró que también hubo una transferencia de 350.000 dólares en junio de 2013 a Hanhan and Co. Group SA, una empresa offshore con una cuenta del ESBD de la que Silva era beneficiario, a la que se sumaron transferencias mensuales de 7.500 dólares, por un total de 90.000 dólares en el transcurso del año.
Es decir, en menos de un año, y en pleno colapso del BES, Silva recibió un mínimo de cuatro millones de dólares en cuentas bancarias en Dubái, además del préstamo a fondo perdido de 1,9 millones con el que compró su apartamento en la isla de Palm Jumeirah. Suficiente para jubilarse en 2014, con sólo 53 años, sin tener que preocuparse por el dinero durante el resto de su vida.
Oficialmente, Silva no finalizó su contrato laboral con la entidad sino hasta mayo de 2017. Para entonces, ya habían pasado tres años de la intervención del Estado portugués en el BES y desde que este cambió de nombre a Novo Banco.
La salida de Silva del Novo Banco se produjo un mes antes de que fuera detenido e interrogado en junio de 2017, en el marco de la principal investigación penal sobre el BES, a partir de la cual se creó en 2021 una investigación autónoma del Ministerio Público portugués dedicada exclusivamente a Venezuela.
Durante el interrogatorio de 2017, Silva dijo que su sueldo en el banco era de 8.700 euros al mes y que, mientras tanto, tras el final de su relación con Novo Banco, había empezado a trabajar como consultor para una empresa suya en Dubái, llamada Tebas. Ese día, el juez instructor aceptó la petición del fiscal de arresto domiciliario para Silva, por temor a que este huyera.
«Su condición de residente en Dubái refuerza intrínsecamente este peligro, máxime cuando de los indicios que obran en el sumario se desprende que el imputado dispone de una importante capacidad económica, especialmente en lo que se refiere a bienes convertibles en efectivo en el extranjero», se lee en el sumario principal del caso BES, en el que fue inicialmente imputado, antes de que, de él, se desprendiera el caso conocido después como BES/Venezuela.
Había razones, suficientes y buenas, para temer que Silva no regresaría a Portugal para enfrentar a la justicia. «Ninguna de las versiones presentadas por el acusado, ni en cuanto a los hechos que le fueron comunicados ni en cuanto a cómo pretende organizar actualmente su vida vinculada a Portugal, merecen credibilidad, e incluso contradicen intrínsecamente varios de los argumentos presentados y las pruebas reunidas», alegó la Fiscalía.
Los fiscales también utilizaron como argumento, para proponer una restricción de sus movimientos, el hecho de que su exmujer admitiera, cuando declaró, que estaba convencida de que Silva se instalaría definitivamente en los EAU.
En efecto, tras su detención, Silva estuvo en arresto domiciliario durante un año, entre 2017 y 2018, en un apartamento de Lisboa. Fue el único de todo el proceso principal del BES que estuvo en prisión preventiva. Pero consiguió irse.
Las excusas infinitas de Dubái
En aquel momento, el fiscal aprovechó para hacer lo posible por conseguir ayuda de las autoridades emiratíes. El contexto era difícil. No había -y sigue sin haber- acuerdo de cooperación judicial entre Portugal y los EAU.
En enero de 2018, los fiscales portugueses comenzaron a preparar una comisión rogatoria. La solicitud fue clasificada como «urgente y confidencial». Querían tener acceso a los extractos bancarios de las cuentas que Silva tenía en ES Bankers Dubai, Emirates NBD, Standard Chartered Bank y Mashreq Bank, mantenidas a través de varias sociedades offshore: Hanam, Gaiado, Bodião, Cronus Enterprises, Tebas Advisory and Services y SDAC Consulting DMCC.
La Fiscalía en Portugal embargó varios bienes del gestor bancario para reunir garantías que cubrieran la recuperación de 3,3 millones de euros a favor del Estado. Entre estos bienes se encontraba el apartamento en el condominio Tiara Residences en Palm Jumeirah, Dubái.
La carta enviada al Ministerio de Justicia de los EAU fue contestada en julio de 2018. En su respuesta, las autoridades de Dubái se quejaban de la ausencia de algunos elementos formales. Entre ellos, el problema de que las páginas de la carta no estaban ni selladas ni firmadas. Pero eso no era todo: la solicitud debería haberse dirigido, sostenían, a la «autoridad central de los EAU representada por el Ministerio de Justicia» y debería haber presentado fundamentos jurídicos «explícitos», mientras que Portugal también debía declarar que aplicaría un principio de reciprocidad si recibía solicitudes de asistencia de las autoridades judiciales emiratíes en «casos similares».
En noviembre de 2018, el DCIAP volvió con una nueva solicitud, atendiendo a las exigencias planteadas. Aún así, en julio de 2019, el Ministerio de Justicia emiratí insistió en los mismos puntos, como si no se hubieran cumplido.
La correspondencia evolucionó de forma extraña e inesperada. En noviembre de 2020, en respuesta a una tercera petición de Portugal, los Emiratos alegaron algo que no habían mencionado antes: los papeles tenían que estar traducidos al árabe, no al inglés como en las solicitudes previas, y todos los papeles tenían que estar sellados y firmados por la autoridad que hacía la petición, no por el traductor.
En realidad, el traductor y una fiscal del DCIAP, Olga Barata, habían firmado todas las páginas de manera conjunta. Al parecer, el Ministerio de Justicia de los EAU consideró que la firma de la traductora sobraba. Pero, ¿qué diferencia podía haber?
A pesar de que Portugal había enviado por cuarta vez toda la documentación en el formato requerido, en agosto de 2022, los EAU volvieron a negarse a ayudar. Insistieron en los mismos puntos y añadieron uno nuevo: necesitaban copias de los pasaportes de los beneficiarios de las cuentas bancarias mencionadas en la solicitud. Esta cuestión no se había planteado en los cuatro años anteriores, lo que llevó a los solicitantes portugueses a pensar que los documentos de identificación presentados antes iban a ser suficientes.
En enero de 2023, en su quinta comisión rogatoria sobre el tema, la directora del Departamento de Cooperación Judicial y Relaciones Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Joana Gomes Pereira, decidió cambiar de estrategia y envió la documentación traducida al inglés, «solicitando que se acepte el idioma inglés en la traducción por razones de reciprocidad, ya que la solicitud nº 3975/2022 enviada por Abu Dhabi [otro de los siete emiratos que conforman los EAU] a las autoridades portuguesas en inglés y sin traducción al portugués también fue aceptada». Sin embargo, al mes siguiente, los Emiratos respondieron con lo mismo que habían exigido antes.
Según el expediente del caso BES/Venezuela, el intercambio de cartas terminó ahí. Pero Joana Gomes Pereira declaró al reportero de Expresso que todavía hubo una sexta comisión rogatoria enviada por Portugal, que aún no ha sido contestada por Dubai. «Me parece evidente que esta renovación de las razones formales para no iniciar el procedimiento de cooperación está objetivamente dirigida a imposibilitar la obtención de un resultado, positivo o negativo», dedujo.
Si en el venidero juicio en Portugal João Alexandre Silva llega a ser condenado a una pena de prisión y a la entrega de bienes, y ello deriva en nuevas solicitudes a Emiratos -esta vez de incautación de bienes y extradición-, el director del Departamento de Cooperación Judicial de la PGR ve «remoto que, en ausencia de un instrumento internacional sobre extradición o incautación y reparto de bienes, se logre alguno de estos objetivos».
En los últimos tres años, de 2021 a 2023, según datos facilitados a Expresso por la PGR, Portugal ha enviado 17 solicitudes de asistencia judicial a los EAU sin que, hasta ahora, haya ejecutada alguna; cuatro de ellas ni siquiera merecieron una respuesta. En todos los casos se verificó un patrón en las autoridades emiratíes: sistemáticamente plantean problemas formales, que acaban alargando el intercambio de correspondencia y que, a menudo, llevan a los fiscales portugueses a desistir.
Según Joana Gomes Pereira, «el Ministerio de Justicia belga está organizando, en su calidad de país encargado este año de la Presidencia rotativa de la Unión Europea, una reunión entre autoridades centroeuropeas y representantes de los EAU, precisamente para diagnosticar las vicisitudes de la cooperación con las autoridades de estos Estados».
Pero de momento, para los que quieren ganar dinero como sea, Dubai sigue siendo una tierra de las oportunidades.
El triángulo de Suiza, Macao y los Emiratos
Según el Ministerio Público portugués, «Ricardo Salgado encargó a João Alexandre Silva que realizara contactos en Venezuela con los funcionarios públicos responsables de posibles interacciones comerciales con el GES».
Al mismo tiempo, Salgado recurrió a Michel Ostertag, un gestor que entonces se desempeñaba como director general de Gestar, una empresa del GES en Suiza especializada en servicios fiduciarios. Ostertag fundó ICG Private Wealth & Family Office Services en 2012, que abrió inmediatamente una oficina en Dubái, y contrató a un empleado portugués, Paulo Murta.
Tanto Ostertag como Murta, a través de ICG, facilitaron las sociedades offshore por las que pasó el dinero para los corruptos venezolanos, como se descubrió en los Pandora Papers de 2021, una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a partir de una filtración de casi 12 millones de documentos. En la primavera de 2014, antes de la quiebra del BES, ICG gestionaba 82 sociedades offshore, muchas de ellas con beneficiarios problemáticos, entre ellos, personas políticamente expuestas.
En los EAU, Salgado presidía ESBD y, según el auto de procesamiento del DCIAP, contaba con un administrador de confianza, Humberto Coelho, para gestionar la apertura y mantenimiento de las cuentas más sensibles. Por otro lado, uno de los colaboradores del banquero en Suiza, Jean-Luc Schneider, gestionaba Espirito Santo Enterprises, o ES Enterprises, una sociedad offshore que tenía cuentas en Banque Privée Espirito Santo y de donde salía el dinero para los sobornos pagaderos en Dubái.
Entre 2008, cuando comenzó a ejecutarse el plan para Venezuela, y 2014, João Alexandre Silva solía viajar con Paulo Murta para organizar reuniones con funcionarios públicos en habitaciones de hoteles, entre ellos el Renaissance Hotel, el Pestana Caracas y el Caracas Palace Hotel.
«En estas reuniones, João Alexandre Silva, siguiendo órdenes de Ricardo Salgado, transmitía la oferta de este último», se lee en el caso BES/Venezuela. «Una vez que los funcionarios venezolanos contactados habían aceptado la oferta, João Alexandre Silva y Paulo Murta presentaron la solución para realizar los pagos autorizados por Ricardo Salgado a estas personas».
Era un equipo multifacético: Ostertag controlaba el esquema de ocultamiento con la ayuda de Paulo Murta sobre el terreno, Silva servía de enlace con los corruptos en Venezuela, Schneider liberaba los fondos en Suiza y Humberto Coelho supervisaba las transferencias en Dubái.
Este pequeño equipo de operaciones especiales logró enrumbar a través de Dubái unos 124 millones de dólares en sobornos, a través de 31 empresas offshore, a 19 venezolanos entre 2009 y 2013. Otros 90 millones de dólares se pagaron entre 2013 y 2014, pero ya no sería a través de Dubái.
El nivel de impunidad financiera fue tan grande durante esos años que, en abril de 2013, ante las sucesivas transferencias de millones de dólares a empresas sin actividad alguna, la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) no tuvo más remedio que exigir finalmente a ESDB (Espirito Santo Dubai Bankers) que acreditara el origen de los fondos obtenidos por los beneficiarios venezolanos con cuentas en ese banco.
En ese momento, ante la nueva actitud del regulador emiratí, el dinero en poder de los venezolanos comenzó a transferirse al BPES en Suiza. A partir de mayo de 2013, todos los nuevos pagos de sobornos se hicieron a una cuenta abierta por ES Enterprises en el banco suizo del Grupo Espirito Santo, y se distribuyeron por subcuentas, cada una asociada a un venezolano en específico. También se abrieron otras cuentas con beneficiarios venezolanos en el SFE de Madeira, del que João Alexandre Silva era director general.
Un contrato firmado en mayo de 2013 entre ICG en Suiza y uno de los principales holdings del GES, ESI, buscó justificar los 124 millones pagados desde 2009. Un segundo contrato fue firmado entre ESI y la filial de ICG en Dubái para servir de coartada a pagos adicionales por 90 millones de dólares en sobornos realizados hasta junio de 2014. En ambos casos, las cantidades se describieron como remuneración a «abogados de negocios».
También existía un tercer contrato de este tipo entre ESI y Shu-Tian, una sociedad offshore utilizada por GES para pagar a «abogados de negocios» desde Macao, una excolonia portuguesa en territorio chino, hoy con un estatus similar al de Hong Kong. Este contrato permitía transferir fondos asociados a otra empresa, Canaima Finance Ltd, cuya beneficiaria era Coromoto Torres Morán, esposa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, desde Suiza a una cuenta abierta a nombre de Shu-Tian en el Banco de China en Macao.
Canaima recibió 47,8 millones de dólares del Espírito Santo Group. El Ministerio Público cree que parte de ese dinero fue a parar a Rafael Ramírez Carreño, ministro de Petróleo y presidente de de la estatal petrolera Pdvsa hasta 2013, hoy residenciado en Italia.
Después de que el dinero recibido por Canaima fuera transferido a la cuenta de Shu-Tian en Macao, Villalobos instruyó a un abogado en septiembre de 2014, al mes siguiente de la quiebra del BES en Portugal, para que con ese dinero pagara a Jesús Francisco Alemán Ramos, un empleado de Pdvsa en China, pariente de Rafael Ramírez Carreño.
En noviembre de 2014, Jesús Alemán recibió 12 millones de dólares pagados por Shu-Tian. El propio Nervis Villalobos recibió un total de 11,2 millones de euros y 6,2 millones de euros en julio de 2015 de la cuenta de Shu-Tian y con dinero de Canaima. En ambos casos, estas cantidades fueron a parar a nuevas cuentas abiertas en el Banco de China, lejos del riesgo de embargo en Suiza u otros países europeos.
Para Nervis Villalobos, a pesar de todos los contratiempos que tuvo con los tribunales de varios países tras la caída del BES y del banquero Ricardo Salgado, se trataba de una buena noticia. Parte del dinero se mantuvo a salvo en China.
Para ello, João Alexandre Silva había sido una ayuda providencial. La importancia del gestor bancario portugués para Villalobos y, por extensión, para Rafael Ramírez Carreño, se demuestra en un detalle importante: los 3,65 millones de dólares que Silva recibió en Dubái en tres transferencias entre agosto de 2013 y mayo de 2014 fueron, en realidad, ordenadas por el exviceministro de Energía venezolano.
En las pesquisas realizadas por la Fiscalía en Suiza sobre Michel Ostertag, se encontraron tres órdenes de transferencia que datan de 2013 y que tenían como origen a Nervis Villalobos. En estas órdenes, dirigidas a Ostertag, el exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez determinó tres pagos -uno de 1,35 millones de dólares, otro de 1,3 millones de dólares y un tercero de un millón de dólares- a nombre de su empresa, Megana International LTD, y de Tebas Advisory Services JLT, una consultora propiedad de João Alexandre Silva en los Emiratos.
Aunque se hicieron a nombre de Megana International y Tebas, las transferencias fueron ejecutadas por Ostertag desde la cuenta de Shu-Tian en el Banco de China en Macao, donde estaba el dinero de Villalobos, a la cuenta de Silva en Emirates NBD Dubai, de una de sus otras empresas offshore, Cronus.
Los primeros 1,35 millones de dólares fueron transferidos en agosto de 2013 por conceptos como «comisiones del primer y segundo trimestre de 2013» y «financiación de inversiones inmobiliarias». Le siguieron 1,3 millones en noviembre de 2013, justificados como «comisiones del tercer trimestre de 2013», y hubo otro millón de euros transferido en mayo de 2014, por los conceptos de «comisiones del primer semestre de 2014» y, de nuevo, «financiación de inversiones inmobiliarias».
«Estos pagos formaban parte de una petición hecha por Ricardo Salgado a Nervis Villalobos para remunerar a João Alexandre Silva por su éxito en la obtención de fondos para una inversión estratégica en el GES», dice el escrito de acusación del Ministerio Público portugués, presentado el año pasado. Esto es: el corruptor pidió ayuda al corrupto para recompensar a la persona que había tendido el puente entre ambos. Lejos del alcance de la justicia portuguesa, una mano lavó a la otra.
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El presente reportaje fue publicado en el diario ‘Expresso’ de Lisboa. Se reproduce en Armando.info con autorización expresa del autor. Miguel Pereira Santos contribuyó a esta investigación.
