La crisis que se ha desatado en Venezuela tras las elecciones presidenciales se atasca en el mismo lugar desde el 28 de julio, cuando tras una jornada masiva de votaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos del oficialismo, proclamó a Nicolás Maduro ganador sin que, casi tres semanas después, haya aportado pruebas que refrenden el triunfo. A la falta de evidencias del triunfo de Maduro, se suman las denuncias de fraude de la oposición, que ha hecho públicas más del 80% de actas en su poder; los duros informes del Centro Carter, observador autorizado por el chavismo y Naciones Unidos, y la atenta y cauta posición de la comunidad internacional, más centrada en señalar la falta de transparencia en las elecciones que en imponer ganadores. En el centro de todo, los planes de Brasil, Colombia y México por buscar una salida negociada, impulsada ahora por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro de proponer al unísono la posibilidad de nuevas elecciones o un Gobierno de coalición transitorio para desembocar en unos comicios libres y con garantías. La idea, que ya sobrevolaba el ambiente y de la que Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido al margen, ha sido criticada tanto por el chavismo como por la oposición.