Sube el telón: se ve un salón con varias mesas, unas cortinas negras improvisadas que delimitan el espacio, cajas de cartón kraft selladas con precintos. Un elenco de hombres y mujeres, puros extras sin un protagonista que destaque, mueven las cajas para ponerlas sobre una de las mesas, donde las abren. Todos llevan guantes y mascarillas, como si por celo profesional evitaran contaminar con sus huellas la escena de un crimen; y es verdad: en más de un sentido, realizan una labor forense. Se las ha confiado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo logo impreso en gigante domina el escenario. “Área de peritaje”, se lee en las letras blancas debajo del logo de la institución, al fondo del escenario. Baja el telón.
¿Cómo se llama la obra? La falsa auditoría de las actas electorales.
Lo anterior fue lo que se pudo ver en las tomas del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y en las fotografías difundidas por el propio TSJ en sus redes sociales a mediados de agosto.
El 31 de julio, en medio de protestas nacionales y el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, en la divulgación oportuna de la información detallada de los resultados, así como en las debidas auditorías posteriores a los comicios, Nicolás Maduro, asediado por fundadas sospechas de fraude y la presión internacional, había acudido a la Sala Electoral del TSJ, también dominado por el chavismo, para solicitar un inédito “recurso contencioso electoral” ante lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.
El 10 de agosto, a raíz de la solicitud de Maduro, el TSJ confirmó que se abocaba “al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio” y unos días después, el 15 de agosto, la presidenta del organismo, Caryslia Rodríguez, informó que “dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales”. Ese mismo día, el país vio las primeras imágenes de la llamada “área de peritaje”.
Al cabo de ese frenético calendario, el 22 de agosto, la propia Caryslia Rodríguez leyó la sentencia por la que confirmaba que los resultados oficiales emitidos por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio” y que esas actas “mantienen plena coincidencia” con los registros de la sala de totalización del CNE. Subrayó ante los representantes del cuerpo diplomático presentes en el acto -cuyos gobiernos, en muchos casos, exigían y siguen exigiendo una verificación imparcial de los resultados- que la sentencia cerraba el caso.
En la misma ocasión, Rodríguez volvió a destacar el rol de los peritos del tribunal “por su profesionalismo, entrega y el apoyo demostrado, así como el alto nivel técnico exhibido por los expertos nacionales e internacionales”.
Sin embargo, un análisis posterior de los videos y fotografías de esas jornadas de peritaje, sumado a las versiones recogidas entre varias fuentes conocedoras del funcionamiento interno del CNE y a los perfiles en redes sociales de algunos de los involucrados, permiten confirmar que fueron varios funcionarios del CNE, cercanos al rector Carlos Quintero Cuevas y al mismo tiempo militantes del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes interpretaron por esos días el papel de “peritos y expertos” en la puesta en escena del TSJ.
La producción de la obra no dejó nada al azar. Cada detalle de la utilería tuvo su porqué. El vestuario, por ejemplo, incluyó gorras y chalecos con las siglas del TSJ para darle verosimilitud a la impresión de que se trataba de funcionarios del alto tribunal, así como tapabocas para dificultar el reconocimiento de los supuestos auditores. Las tomas de video y fotografías eludieron de manera sistemática enfocar los códigos QR en la parte inferior de las papeletas electorales, de modo tal que nadie tuviera la oportunidad de compararlos con los impresos ya divulgados por la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria, y por los que reclaman el triunfo de Edmundo González Urrutia con casi 70% de los votos.
“Eso fue una farsa completa”, sentencia una de las fuentes calificadas que habló con Armando.info a condición de conservar el anonimato por razones de seguridad. “No hubo protocolos para la auditoría y, al no estar todas las partes involucradas, sencillamente es un proceso viciado”, añadió.
Vamos a contar mentiras, tralará
Carlos Quintero, un oficial militar que lleva dos décadas como funcionario del CNE y es considerado el auténtico cerebro detrás del automatizado sistema electoral venezolano, planificó tras bambalinas, junto al presidente de la Asamblea Nacional y exrector del CNE, Jorge Rodríguez, la jugada en el TSJ, de acuerdo con varias de las fuentes consultadas. Quintero y Rodríguez, además, controlan casi que de forma teledirigida las operaciones de Ex-Cle, la empresa argentina que sucedió a la también cuestionada Smarmatic a partir de 2017 como contratista del órgano electoral venezolano.
Quienes aparecieron en escena no eran solo figurantes. Tenían que cumplir con otra condición: pertenecer al círculo de confianza de Carlos Quintero. No son conocidos para la opinión pública, pero sí a lo interno del CNE.
Uno de ellos es Maickol Daniel Montañez, quien labora en el CNE desde 2005, de acuerdo con los datos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y que desde el 1 de junio de 2023 se desempeña como director de la estratégica Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos del CNE, según la edición 42.643 de la Gaceta Oficial.
A Maickol Montañez se le ve con gorra y chaleco del TSJ en los videos y fotografías tomadas en el “área de peritaje” del TSJ, tanto del 16 como del 17 de agosto. El tapabocas no cubrió del todo su habitual barba. En ambas oportunidades se le ve transcribiendo los datos de las actas en una laptop y conversando con los tres magistrados de la Sala Electoral: la propia Caryslia Rodríguez, Fanny Márquez e Inocencio Figueroa. “Maickol fue el líder de los supuestos expertos electorales”, explicó otra fuente que también pidió la reserva de su identidad.
Además de su posición decisiva en la estructura del CNE, Maickol Montañez es esposo de Isabel Reyes Mendoza, secretaria de la Junta Nacional Electoral, otro puesto vital del que dependen decisiones como el diseño de las circunscripciones electorales o la definición en número y ubicación de centros y mesas electorales a nivel nacional. Isabel Reyes ingresó al CNE en 2004, según consta en los registros del IVSS, y es una de las personas de mayor confianza para el rector Carlos Quintero. “Ella es parte del círculo de Quintero y tiene más poder que cualquier rector”, sostiene otra fuente interna del CNE. Ambos, tanto Reyes como Montañez, están inscritos en el PSUV.
Ya desde antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Isabel Reyes servía como una especie de brazo político del CNE por el que el ente comicial hacía llegar sus directrices a los coordinadores regionales de la Junta Nacional Electoral.
Por su parte, Montañez se encargó de la organización de los coordinadores regionales, municipales y parroquiales del organismo electoral en todo el país. “La utilización de la estructura política del CNE en manos de Isabel Reyes y Maickol Montañez es de vital importancia para el manejo de las operaciones en las regiones, municipios y parroquias”, detalló una de las fuentes consultadas para este reportaje.
Junto a Maickol Montañez también estuvo en el peritaje del TSJ, al menos el día 17 de agosto, Enrique Rivera Pérez, funcionario del CNE desde 2011, según consta en su perfil en la red social LinkedIn. En la imagen de ese día no lleva ninguna identificación del árbitro electoral, como otros de los actores en la escena, sino que está ataviado con la gorra y el chaleco del TSJ. Rivera, quien en su perfil profesional dentro del CNE destaca haber sido “analista de datos e información” y “coordinador municipal” en Caracas, es asistente de Maickol Montañez.
Otras dos de las personas que aparecen en los videos de VTV y en las fotografías de las auditorías como peritos del TSJ, pero que en realidad son funcionarias del CNE, son Niurka Fernández Salazar, coordinadora regional de la Junta Nacional Electoral en el estado Miranda, y Yumary González Valecillos, coordinadora regional de la misma instancia en el estado Guárico. Ambas ingresaron al CNE en marzo de 2015, están inscritas en el PSUV y reportan a Isabel Reyes Mendoza.
“Todo fue como una simulación y las personas que ayudaron a esa simulación son de confianza de Carlos Quintero”, insistió una de las fuentes conocedoras del funcionamiento del CNE.
Otro de los empleados del entorno de Carlos Quintero que participaron en el montaje fue Andrés Strubinger Kalchbrenner, Director General de Tecnología de la Información del CNE desde el 1 de febrero de 2023. Strubinger no apareció en cámara pero fue uno de los artífices de la puesta en escena del “peritaje” del TSJ, según las fuentes.
Hagamos «como si»
La escasa independencia -si acaso la hubo- del proceso realizado por el TSJ para, de cualquier manera al final, certificar los cuestionados resultados oficiales del 28 de julio, también queda en evidencia por el perfil de otros peritos que participaron en el peritaje.
Dos de ellos fueron los profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Caracas, Emilio Hernández y Víctor Theoktisto Costa, quienes desde hace años se vienen desempeñando como auditores externos del CNE en ocasiones como la de 2021, cuando realizaron lo que se denominó una “auditoría académica” al software del sistema electoral.
A ellos también se les ve en las imágenes de VTV con accesorios que los identificaban como gente del TSJ. En el pasado ambos han aparecido en medios oficialistas promoviendo medidas económicas del gobierno de Nicolás Maduro, como la creación en 2017 de la criptomoneda oficial Petro, de corta vida, pues con el estallido de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en 2023 prácticamente desapareció del mercado.
Del dúo, Víctor Theoktisto es quien tiene una cercanía más evidente con el PSUV y el régimen. En 2010 se postuló como candidato por la parroquia 3 del estado Miranda a las elecciones primarias del PSUV, en la que se elegirían los representantes del partido oficialista para las elecciones parlamentarias de ese año, como consta en documentos del partido. Para esa postulación, Theoktisto tuvo que necesariamente estar inscrito como militante de la agrupación política creada por Hugo Chávez, de acuerdo a sus reglamentos. En 2015 fue designado por Nicolás Maduro como miembro suplente de la Comisión Nacional de las Tecnologías de la Información (Conati) y, en 2021, esta vez por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como Vicerrector Académico de la USB, cargo que aún ostenta. El ascenso de Theoktisto en la jerarquía universitaria ocurrió tras la muerte del entonces rector, Enrique Planchart, como parte de una maniobra que en su momento se interpretó como un golpe de mano para la toma por el chavismo de la USB, una universidad de perfil tecnocientífico y de prestigio hasta no hace mucho.
Por si lo anterior no resultara suficiente para comprobar esa afinidad de Víctor Theoktisto con el chavismo, habría que remitirse a una última y rotunda evidencia: el 20 de julio, en un programa del canal de televisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Tvfanb), donde es invitado recurrente, el Vicerrector Académico de la USB evidenció, sin ambages y de manera pública, sus posiciones políticas. Entonces Theoktisto, refiriéndose a las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, se refirió a la oposición venezolana como un “grupito” que no ha “reconocido elecciones” en el pasado. “Lo que va a suceder el 28 [de julio] en la noche o el 29 en la mañana es que un sector de la oposición, un candidato, una titiritera en la sombra y un grupo de políticos que ya no están en el país, van a decir: ‘No reconocemos esto’”, pronosticó.
Ese día también elogió la solidez del sistema electoral venezolano, “el mejor del mundo”, asegurando que un hackeo contra su plataforma resultaba imposible; es decir, afirmó lo contrario a lo que pocos días después, desde la misma noche del 28 de julio, el régimen de Maduro y sus acólitos en el CNE esgrimieron: un hackeo del sistema habría sido, según esta versión oficial, la razón por la que al final de la jornada electoral se demoró la entrega y publicación de las actas con los resultados por mesa de votación, una demora que todavía se prolonga hasta hoy. “Es un sistema que es tan redundante en seguridad que es estúpido pensar que ese resultado puede ser modificado por cualquier actor”, dijo Theoktisto.
Días después de la elección y cuando ya el régimen de Maduro había instalado la tesis de un “ataque cibernético” contra el CNE, Theoktisto se desdijo. Entonces declaró al medio estatal ruso Sputnik que “será necesario utilizar equipos y protocolos alternos con mayores redundancias para evitar que [el hackeo] se repita, incluso medidas más drásticas de preservación de la seguridad de las transmisiones”.
El 5 de agosto, pocos días antes de que hiciera parte del equipo de peritos del TSJ, y nuevamente en el canal TvFanb, Theoktisto manifestó que la “carga de la prueba está en el que menciona que el resultado no es el que es” y que, para demostrarlo, no sirve “un sitio web con unas actas en papel que no son las actas oficiales según la ley venezolana”, ya que cualquiera las “puede modificar”.
Consultado para este reportaje, Theoktisto se limitó a asegurar mediante respuesta por Whatsapp que “en cualquier parte del mundo el resultado de las experticias que ordene un tribunal son materia reservada”. Por su parte, Emilio Hernández, el otro profesor de la USB que participó como perito, dijo que es el TSJ a quien corresponde “disponer de los detalles y entregarlos a la prensa”, pero al mismo tiempo aseveró que “los resultados del trabajo arrojaron que los datos expresados por el CNE son absolutamente compatibles con nuestros hallazgos”.
El periodista especializado en la cobertura de la fuente electoral, Eugenio Martínez, había anticipado el 18 de agosto en la red social X, antes Twitter, que la actuación de los dos profesores de la USB en la auditoría puesta en marcha por el TSJ no sería confiable e independiente, pues “suelen trabajar y ser convocados por el rector Carlos Quintero como auditores externos del sistema”.
Los peritos internacionales a los que se refirió la presidenta del TSJ en sus pronunciamientos, que también tomaron parte en la revisión de las actas, son miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), una organización que nació a petición de Hugo Chávez en 2004 y que no goza ni de prestigio ni de credibilidad en el ámbito de la observación electoral. El Ceela, a diferencia de otras misiones de observación, como las del Centro Carter o del Panel de Expertos de la ONU, no ha cuestionado la jornada electoral del 28 de julio.
Cuestión de fe
Así como el CNE dice resguardar los resultados detallados del 28 de julio con tanto celo que, a más de 40 días de la jornada comicial, todavía no los muestra, la presidenta del TSJ también se reservó las explicaciones sobre la auditoría.
Uno de los pocos detalles sobre la auditoría que escapó de ese cerco informativo se encuentra en una de las fotografías tomadas en el “área de peritaje” el 17 de agosto. Allí se observa sobre una mesa diversos documentos que corresponden al llamado Sobre número 1, aquel que el personal militar del Plan República custodia para trasladar las actas originales de cada mesa electoral. Esto sugiere que el material analizado en el montaje es el mismo del que dispone y ha dado a conocer la oposición, pero que ni el CNE, ni el TSJ, han aceptado divulgar.
“Esos Sobres número 1 estaban en resguardo en un galpón del CNE en El Llanito [un sector del Este de Caracas], pero en el TSJ sólo transcribieron los resultados a unas hojas de Excel”, afirma una de las fuentes.
Varios de los expertos y técnicos electorales consultados aseguran que, ante el incumplimiento de las auditorías posteriores a los comicios del 28 de julio, el protocolo de peritaje o auditoría debió ser aún más riguroso de lo que por lo regular se requeriría y de lo que se vio en las imágenes oficiales.
Entre los especialistas surgen las dudas sobre los criterios seguidos para escoger la muestra de la auditoría, sobre cómo se hizo la verificación de la “cadena de custodia del material físico y digital”, y sobre cómo se “validó” que, en efecto, se trató del material realmente usado el 28 de julio, tomando en cuenta que el CNE suspendió la auditoría de telecomunicaciones que debió hacerse el 29 de julio y la llamada “Verificación Ciudadana Fase II”.
Aseguran que, tras las omisiones e incumplimientos del CNE, cualquier peritaje de lo ocurrido el 28 de julio debería partir de la revisión del software de las máquinas de votación que, a su vez, se origina en la auditoría que todas las organizaciones políticas realizaron el 3 de mayo en la sede principal del organismo electoral. En esa auditoría previa a las elecciones, recuerdan los técnicos, se “revisó el código fuente de la máquina de votación”, se “revisaron los códigos hashes” y se “colocó la clave compartida del CNE y de los 24 partidos políticos”, entre otras acciones.
“Esta clave compartida es la que permite firmar el código QR al momento de emitir el acta de escrutinio, es la que permite validar si un código HMAC-SHA256 es emitido por una máquina de votación real, utilizada en el evento electoral del 28 de julio”, precisó uno de los técnicos consultados.
Durante años, el rector Carlos Quintero defendió en público la solidez del sistema electoral venezolano, precisamente, por la posibilidad que tenían todas las organizaciones políticas de realizar esas auditorías y verificaciones. “Las garantías electorales no son un acto de fe que funcionan porque el Consejo Electoral dice que el software es inalterable, que se mantiene la integridad de los datos en cada una de las fases del proceso; no es porque el Consejo lo diga, sino que es verificable”, declaró Quintero en diciembre pasado a los medios.
Pero a más de 40 días las elecciones presidenciales, los resultados emitidos por el CNE exigen un verdadero acto de fe de los venezolanos y de todos los países que piden pruebas verificables al respecto, un acto apenas refrendado por el TSJ en un peritaje cuyos actores principales fueron funcionarios del propio organismo electoral y militantes del PSUV.
